Tras una pausa de casi un año, la Cámara de Diputados intentará sancionar este miércoles próximo el nuevo Código Civil y Comercial, una herramienta que introduce importantes cambios en materia de matrimonio, fertilización asistida, adopción, divorcio y composición de sociedades comerciales, entre otros aspectos.
El proyecto original fue elaborado por una comisión de juristas que encabezó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Con modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, hechas a pedido de la Iglesia. De acuerdo con lo que tiene planeado el oficialismo K, la iniciativa se intentara aprobar prácticamente sin dialogo, tal como fue sancionada en el Senado, a fines de noviembre de 2013. Si el kirchnerismo logra reunir la mayoría para la votación, algo que en la Cámara baja dan por hecho, el nuevo código entrará en vigor a partir de 2016.
La decisión de avanzar con el tratamiento tomó por sorpresa a todas las bancadas de la oposición e incluso a algunos miembros del FPV, y casualmente (o tal vez no tanto…) se produce cinco días después de la última reunión de CFK con Bergoglio. Nuestro actual Código Civil tiene 145 años y una gran cantidad de aspectos que necesitan ser modificados pero hacerlo de la forma en que propone el gobierno nacional: sin debate y a las apuradas, es un despropósito, producto de una burda y precipitada maniobra política que pone en serio riesgo el futuro de todos los argentinos en temas sumamente sensibles. Frente a la influencia de las corporaciones de toda índole, no solo ONGs y asociaciones civiles, sino también la corporación eclesiástica, con la siempre presente Iglesia Católica al frente, reaccionaria y retrograda (y ahora con más fuerza por el “efecto Papa Francisco”), en las modificaciones que se le hicieron al ante-proyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, la Federación Universitaria Argentina vuelve a reafirmar su vocación laica y vuelve a luchar para que la separación entre el Estado y la Iglesia sea una realidad, así como también reafirmamos nuestra lucha por la ampliación de derechos.
En primer lugar, observamos que este Nuevo Código Civil, definitivamente le cierra cualquier puerta al dialogo en materia de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, violando el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y exponiéndolas a ser víctimas de los abortos clandestinos, que ponen en riesgo su vida.
Esto se da ya que este proyecto da un gran retroceso con respecto a las definiciones legales de cuando se da comienzo a la persona, ya que el artículo que más debate genera es el 19, que indica que «la existencia de la persona humana comienza con la concepción», redacción que no toma en cuenta los casos de fertilización asistida. Vulnerando de esta misma manera el derecho de miles de parejas que desean tener la posibilidad de conformar una familia mediante este procedimiento así como también por el de “vientre subrogado” Este proyecto también tiene posturas en materia medioambiental dignas de ser repudiadas, ya que el gobierno nacional eliminó la iniciativa original el artículo 241, que determinaba la responsabilidad del Estado para garantizar a todos los habitantes el acceso al agua potable, como se ha declarado necesario, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Este es un tema más que sensible ya que en la Argentina, según el Censo de 2010, el 16% de la población no tenía todavía acceso al agua potable en sus hogares. La introducción de variantes restrictivas de la función social de la propiedad, algo que ya existe en nuestro derecho con la consagración del principio del abuso de derecho y la equidad, es otro gravísimo error, pero que, aún así, el oficialismo pretende modificar.
Por otra parte, observamos con preocupación el avance de la reforma en el tema de la responsabilidad limitada del Estado ante particulares. Esta situación contradice los principios de defensa del individuo, puesto que genera un enorme inconveniente ante la eventual necesidad de realizar un reclamo judicial.
Aunque no todo es negativo, ya que entre los cambios más importantes, el nuevo código modifica el estatuto de la adopción, permitiendo el acceso al derecho de personas solas o que no estén legalmente casadas y, además, agiliza el trámite de divorcio y habilita a los cónyuges a realizar una separación de bienes previa a la concreción de la unión. Se mantienen, eso sí, la protección de los alimentos y de la vivienda.
Por último, nunca esta de más recalcar que la reforma de un código debe contar con el consenso de la gran mayoría de la sociedad y con la responsabilidad de los legisladores llamados a votar semejante conjunto de normas que hacen a la vida de los miembros de la sociedad civil. Esa responsabilidad les cabe muy especialmente a los senadores y diputados kirchneristas, quienes están acostumbrados a votar leyes por obediencia a las órdenes que les imparte el Ejecutivo Nacional. Modificar una ley como el Código Civil requiere mucho conocimiento técnico, espíritu componedor, actitud democrática y respeto por la opinión del otro. Se trata nada más ni nada menos que de acordar pautas que habrán de regir la vida de los argentinos por varias generaciones.
Por todos estos motivos es que retomamos el sendero de la lucha, denunciamos y repudiamos energicámente las actitudes de este Gobierno, que en su afán por dar una señal de fortaleza, de recuperar la iniciativa política y de imponer nuevamente su criterio sin ningún tipo de debate.