El 29 de julio de 1966 la Policía Federal entró a los palazos a la Universidad Pública. Lo hizo por orden de un gobierno que usurpó el poder y quiso prohibir el pensamiento. Un mes antes el General Onganía había derrocado al gobierno constitucional del Dr. Arturo Illia.

La represión fue para frenar a la comunidad educativa que estaba movilizada para defender la autonomía de la universidad frente a la intervención gubernamental. El saldo de esa noche fueron 400 detenidos y muchos estudiantes, graduados, docentes y no docente heridos de gravedad, consecuencia de la violencia irracional y desmedida desatada por la policía.

Pero las consecuencias de este hecho no quedó solo en esa noche, ya que dio inicio a la «fuga de cerebros» más importante de la historia de nuestro país. Luego de ese día, en el que se destruyeron laboratorios y bibliotecas, más de 300 profesores se exiliaron. Otro tanto de investigadores, estudiantes y no docentes siguieron sus pasos, escapando de una dictadura que quería prohibirles su libertad de pensamiento.

El gobierno de facto logró intervenir y controlar los contenidos que se enseñaban en la universidad y anuló los consejos directivos y superiores, impidiendo a la comunidad universitaria cogobernar. Así desmanteló muchos proyectos de investigación dándole una puñalada casi mortal al desarrollo y la innovación científico tecnológica de nuestro país.

La Noche de los Bastones Largos fue el inicio de una escalada de violencia que mostró su peor cara a fines de los ’60; fue el principio de un tiempo oscuro en la historia de nuestro país.

Sin embargo en la reforma constitucional del ’94 se reconoce la autonomía de la universidad como garantía del pensamiento libre. Hoy, 50 años después de esa noche, los estudiantes homenajeamos a las víctimas de la represión y seguimos comprometidos con la defensa de la Universidad Pública, Laica y Reformista como la que defendieron esa noche.