Esta semana el gobierno nacional, en la persona del ministro de justicia y derechos humanos, Germán Garavano, anunció la creación de una comisión de expertos para discutir y proponer un nuevo régimen penal juvenil haciendo un profundo hincapié en que la actual legislación vigente es un decreto/ley de la dictadura militar (con disposiciones de Videla y Bignone). Este anuncio se da apenas unos días después de darse a conocer la muerte violenta de un adolescente en el conurbano bonaerense, supuestamente (hasta que el poder judicial sentencie) perpetrado por otro adolescente, y reproducido constantemente por la programación de verano de los medios masivos.

Esto volvió a poner en debate el gran flagelo de la demagogia punitiva, la mano dura y la criminalización de personas vulnerables, como supuesta política criminal en respuesta a la inseguridad.

En principio es necesario aclarar conceptualmente que lo que está en discusión no es como se dice en los medios masivos , la “imputabilidad” de los menores, sino la “punibilidad” es decir, la posibilidad de que se les aplique efectivamente una pena. Actualmente si el adolescente imputado es menor a 16 años, no se lo debe someter a proceso penal en consecuencia no se le puede aplicar una pena.

La normativa argentina vinculada a la infancia ha evolucionado hacia la protección integral (Ley 26.061) de los derechos de niños y adolescentes, quedando el actual régimen penal de la minoridad (Ley 22.278) en clara contradicción. Es por esto que entendemos como muy importante, y sobre todo necesario, modificar la ley vigente y contar para nuestro país con un régimen de acuerdo a la realidad que vivimos y a los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ratificó y que por lo tanto tienen rango constitucional (en particular la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU).

Los adolescentes conforman un sector social muy vulnerable y vulnerado. Cuando delinquen, generalmente sucede que son objeto de personas adultas que se aprovechan de la fragilidad social y biológica de los menores para poder lograr fines delictivos con ayuda de su participación, sin ser pasibles los adultos, de juzgamiento por el sistema penal.

Consideramos que de concretarse la baja en la edad de la punibilidad de los menores en conflicto con la ley penal, implicaría un grave error que atrasa el progreso de la sociedad, fomenta la exclusión social y que no se aproxima ni cerca al mencionado objetivo de reducir la cantidad de hechos delictivos cometidos por adolescentes.

Queremos que lo que se discuta en la reforma sea la calidad en el tratamiento que el Estado asumirá para los adolescentes de 16 y 17 años imputados/as de un delito. Que las penas sean acotadas, que se incluya medidas alternativas a la solución de ciertos conflictos, como lo son: la mediación penal y la reparación del daño, entre otras. Mientras que para los adolescentes menores de 16 años que entran en conflicto con la legislación penal, se establezca mecanismos para que se los aborde debidamente atacando su situación de vulnerabilidad.

Estamos convencidos que como sociedad debemos tender a resolver los conflictos de una manera democrática e inclusiva. Es nuestra tarea impregnar en el debate por la responsabilidad penal de los una visión integral y respetuosa de los derechos humanos.

Pretendemos que la política pública que se asuma, sea abordada en base a información concreta, indicadores fieles y el debate social necesario para legitimar un cambio sustancial en nuestro ordenamiento.

Queremos un Estado presente, que no excluya no criminalice sino que amplíe derechos y nos brinde a todos las mismas oportunidades, pero principalmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para los y las adolescentes no queremos jaulas, queremos aulas! Porque la herramienta, es la educación, NO A LA BAJA.