Te esperamos el JUEVES 23 a las 11 hs en el CONGRESO NACIONAL, vamos a realizar una Radio Abierta para presentar las bases para una nueva ley, vamos a recordar a aquellos que dieron la pelea y lucharon en los 90, y seguir el camino de la Lucha y la transformación.
La Federación Universitaria Argentina fue una de las organizaciones insignia en la lucha contra la implementación de las políticas del Consenso de Washington. Siempre en las calles, movilizada y coordinando en conjunto con el movimiento obrero se encargó de expresar el descontento popular la avanzada privatista que se estaba llevando adelante desde el Gobierno.
La nueva agenda para la Educación Superior en la Argentina impuesta por el menemismo significó: a) promover una mayor diferenciación de las instituciones públicas, incluyendo el desarrollo de instituciones privadas; b) proveer de incentivos a las instituciones públicas que diversifiquen la obtención de recursos propios, incluyendo los aranceles y la vinculación del financiamiento con el desempeño; c) la redefinición del rol del gobierno y de la educación superior por medio de la evaluación, acreditación y certificación de programas, establecimientos y sujetos. Se crean instancias de coordinación a nivel nacional, regional e interuniversitaria, como instancias intermedias de amortiguación entre el Estado y las universidades; d) diferenciación del cuerpo académico en función de indicadores de productividad (políticas de incentivos) y la flexibilización en los regímenes salariales docentes de las universidades nacionales; e) reformas académicas: multiplicación de las ofertas de grado y posgrado, acortamiento de carreras, títulos intermedios.
La Ley de Educación Superior contiene políticas difundidas o aplicadas previamente en forma fragmentada como la posibilidad del arancelamiento de los estudios de grado, la descentralización salarial docente y la atribución del Ministerio en la distribución partidas especiales a las distintas universidades según criterios de eficiencia y equidad, la evaluación de la calidad universitaria y la posibilidad de crear nuevos tipos de instituciones.
La implementación de estas políticas permitió una fuerte equiparación entre la educación de gestión pública y la de gestión privada, otorgándole a las últimas un importante grado de participación en el diseño de las políticas del sistema educativo en general a través de su inclusión en los nuevos órganos de gobierno del Sistema Universitario Nacional constituidos por la ley, como el Consejo de Rectores o su lugar en el Consejo de Acreditación y Evaluación.