Los trabajadores y las trabajadoras de todos los ámbitos vinculados a la discapacidad se manifestaron en los últimos días agotados ante las situaciones de precarización permanente que padecen en sus trabajos y ante la situación crítica que están atravesando las personas en situación de discapacidad y las familias debido al desfinanciamiento de salud.
La situación es de profunda preocupación ya que varios centros categorizados estuvieron invitando a sus prestadores a renunciar a partir del 1 de septiembre, y muchos otros han comunicado que, de continuar esta situación, las prestaciones no van a poder sostenerse.
La indignación crece ante la circulación de un borrador de DNU en el que se declararía que las prestaciones de Discapacidad serían financiadas por el Tesoro Nacional y no por las Obras Sociales, abriendo la puerta a una crisis generalizada que impactaría directamente sobre los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
La educación y la salud son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar. En virtud de ello, queremos manifestar nuestro repudio absoluto a la precarización que someten a trabajadores, y visibilizar el reclamo de familias y personas en situación de discapacidad que atraviesan un momento de angustia y preocupación.
Le exigimos al Gobierno Nacional la escucha atenta de este colectivo en la búsqueda de soluciones reales y concretas que permitan revertir la situación actual.