El Poder Ejecutivo, el 12 de Junio de este año, remitió al Congreso Nacional, el proyecto elaborado por la Secretaría de Culto de la Nación “0010/PE/2017 sobre Libertad Religiosa”. El mismo, preocupa a la FUA, por la amenaza de lesionar la libertad, la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos que gozamos los jóvenes argentinos.

Comenzamos manifestando nuestro compromiso con la libertad de culto y la igualdad, derechos fundamentales, consagrados ya constitucional y convencionalmente en nuestro país.

El art. 7 del proyecto, intenta consagrar el derecho a la objeción de conciencia incluso para los funcionarios públicos y las instituciones: “Toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”
Entendemos que los funcionarios públicos y las instituciones no deberían beneficiarse de ninguna exención a las leyes que fomentan la igualdad y vemos posible la objeción de conciencia solo en los casos de particulares siempre y cuando no resulte en un menoscabo al derecho de otra persona.
El ejercicio de la libertad de culto, como el de cualquier derecho no es absoluto, no permite imponer la ética o la religión de uno sobre la del otro ni lesionar derechos humanos de terceros. Muchas veces, las acciones de los objetores afectan intereses y derechos fundamentales de otro ciudadano, provocándole riesgos para la vida, la salud, la integridad física, o la autonomía.

La norma institucionalizaría la imposición de creencias religiosas en el público, posibilitando que un funcionario objete conciencia, incumpliendo una obligación jurídica. Esto puede generar colisión con los derechos de otras personas (pensemos por ejemplo en un juez de familia que niegue el acceso a la adopción a parejas del mismo sexo o a que accedan al matrimonio) ¿Cómo el Estado puede permitir esa discriminación por parte de sus agentes?

Otro ejemplo, un médico que no realiza un aborto no punible por cuestiones religiosas viola el acceso a la salud pública de la mujer. Esto se agrava si observamos el contexto social y la realidad de nuestro país, donde la objeción es una práctica sistemática a la hora menoscabar los derechos sexuales y reproductivos, generando cientos de muertes de jóvenes mujeres por año que optaron, ante la falta de oportunidades, por prácticas de aborto clandestino en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

Esta ley permite también, fuertes atentados sobre el derecho a la información y a la educación sexual, porque una institución o un docente podrían negarse a impartir los contenidos emanados por el programa de ESI (aprobados por el Consejo Nacional de Educación). El conflicto escala cuando un médico se niega a recetar anticonceptivos. Sabemos las graves consecuencias que esto generaría, ya que se profundizaría la problemática del embarazo adolescente y la expansión de las ETS, en vez de empoderar a los jóvenes con la información y las herramientas necesarias para generar su propia planificación familiar y su proyecto de vida.

Pensemos en el ámbito académico, como los funcionarios de nuestras universidades públicas podrían utilizar la norma para desconocer los valores reformistas que venimos defendiendo casi hace un siglo. Ejemplifiquemos pensando que pasaría con un proyecto de extensión que es suspendido por promover igualdad en el territorio a transexuales. Aquí vale recordar el revuelo que género la implementación de la cátedra libre de la UNR llamada “El aborto como un problema de salud pública”

Es por ello que solicitamos que este proyecto no sea aprobado por la discrecionalidad que generaría dentro público, poniendo en juego derechos, libertades y garantías, profundizando la desigualdad, la mortalidad materna y la discriminación a la diversidad y al colectivo LGTB.

Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un Estadio laico, y recordamos que aún tenemos en nuestro país deudas pendientes, como el caso Salteño, que cuenta con educación religiosa en las escuelas públicas imposibilitando la promoción de una educación laica, científica y generadora pensamiento crítico.

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