En la última Junta Ejecutiva de FUA y con la presencia de todas las fuerzas que la conformamos, consensuamos una serie de puntos transversales a todo el movimiento estudiantil, de cara a la discusión que comienza hoy en el Congreso de la Nación respecto del presupuesto educativo 2017.

Actualmente, pesa en la realidad cotidiana de los estudiantes, la difícil situación económica y social por la que atravesamos como país. El aumento de las tarifas, que aun no es un capítulo cerrado, la inflación rondando el 46% interanual, el desempleo del 9,3% de la población económicamente activa, que afecta fuertemente a los jóvenes de este país y hoy los argentinos alcanzados por la pobreza llegan al 34,5% de la población según los últimos datos del OSDA-UCA.

En este contexto entendemos que es necesario articular medidas tendientes a garantizar que la población en su conjunto pueda acceder al derecho a la educación. La gratuidad del sistema público ya es una política de estado, siendo ella uno de los pilares de las medidas de acceso, sin embargo hoy resulta insuficiente.

Es por eso que desde la Federación Universitaria Argentina seguimos insistiendo con la impostergable necesidad de implementar el Boleto Gratuito para todos los estudiantes del sistema público. Esta lucha continua a partir de la convicción de que es necesaria una política activa del estado para garantizar el acceso a la educación.

En este mismo sentido, creemos necesario que el presupuesto educativo 2017 y puntualmente el universitario, contemplen los siguientes puntos:

-Aumento del presupuesto destinado a la educación que alcance el 10% del PBI

-Trabajar en políticas de ingreso y permanencia destinadas a terminar con los índices de deserción crecientes, tales como: aumento en monto de becas que contemple el escenario inflacionario existente; creación de comedores, guarderías y residencias universitarias allí donde los estudiantes no cuenten con dichas herramientas; entre otras.

-Consolidar las partidas presupuestarias para que las instituciones educativas públicas puedan hacer frente al aumento de las tarifas de servicios.

-Atender a la situación de los hospitales universitarios que, víctimas del ahogo presupuestario planteado por el gobierno anterior, se encuentran desfinanciados, lo que dificulta el funcionamiento de los mismos.

-Entendiendo que al día de hoy más del 90% del presupuesto universitario se destina a sueldos docentes y administrativos, es necesario jerarquizar las funciones propias de la Universidad pública tales como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la investigación y la extensión universitaria, lo que a nuestro entender es necesario para fortalecer la autonomía de las casas de altos estudios.

-Distribución del Presupuesto 2017, destinado a las Universidades Nacionales, de una manera equitativa y transparente.

Lo antedicho son las cuestiones más urgentes que identificamos desde la FUA. Sin perjuicio de estas, también creemos que existen muchas otras más estructurales que deberían resolverse en una eventual reforma de la Ley de Educación Superior.